Que los servicios de la abogacía se realicen de forma ética y competente en el ámbito público y privado con el fin de fortalecer las instituciones públicas en la procuración, impartición y administración de justicia, con respeto a los derechos humanos.
Lograr presencia y prestigio en el ámbito internacional, para fortalecer el ejercicio profesional y dignificar la abogacía con hombres y mujeres que luchan por la defensa de los derechos humanos.
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